Habitantes de Santa Victoria Este reclamaron al Gobierno de Gustavo Sáenz por la continuidad de la tala ilegal en Salta.
La tala ilegal en Salta es una de las problemáticas que más afectan a la provincia y que tiene como principal responsable al Gobierno de Gustavo Sáenz. En este sentido, durante un taller organizado por la propia Secretaría de Ambiente se vieron fuertes críticas contra los funcionarios. Estos reclamos lo hicieron organizaciones de comunidades originarias y criollos del municipio de Santa Victoria Este.
De esta manera, los pobladores les reprocharon a los integrantes del gobierno porque continúa la tala ilegal en la zona de los ex lotes fiscales 55 y 14. Se trata de lugares que están siendo divididos entre las familias originarias y criollas en el marco de una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). Precisamente, los habitantes habían exigido la suspensión de la actividad porque consideran que el proceso no es transparente.
«La falta de transparencia e información»
Además, la comunicada que vive en la zona remarcó que no les habían dado información previa y que tampoco había traductores interculturales bilingües. Este último es un requisito importante porque la mayor parte de la población de esta zona es integrante de pueblos indígenas que hablan sus lenguas propias. En tanto, aprovecharon el momento para recriminar la falta de información clara y comprensible sobre esta problemática.
Todos estos reclamos se expusieron en un taller organizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia. Y otro de los puntos que señalaron los pobladores es la no realización de la consulta previa sobre el proceso de revisión del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). Este encuentro se dio el miércoles en el galpón de la Organización de Familias Criollas (OFC) de Santa Victoria Este.
Luego, los asistentes al taller emitieron un duro comunicado contra el gobierno en el que señalaron que hubo «un clima de tensión». Cabe mencionar que el que recibió las crítica en persona es el secretario de Ambiente Alejandro Aldazábal. Según detallaron desde la organización hubo «falta de transparencia e información del proceso de OTBN». Este debe acordar los mapas de desmontes según obliga la Ley de Bosques.
No obstante, también le recriminaron al funcionario «los escasos controles de ese organismo ante los desmontes ilegales de palo santo que padecen en la zona». Finalmente, el poblador criollo Arturo Barroso, integrante de la OFC, le solicitó a Aldazábal una “urgente auditoría» al área de Ambiente. Porque acusó que hay “muchos funcionarios involucrados en el tema de la madera”.